Las familias valencianas con hijos en guarderías públicas o escuelas infantiles de titularidad de la Generalitat podrán ver a partir del próximo curso menos niños por aula. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades presentó el martes 28 de julio, en una mesa sectorial con los sindicatos, una propuesta ampliada de reducción de ratios centrada en el primer ciclo de Educación Infantil, es decir, la etapa que va desde el nacimiento hasta los tres años.
Menos niños por aula en las franjas más pequeñas
El cambio más significativo afecta a las dos franjas de edad más tempranas. En el tramo de cero a un año, la ratio pasará de 8 a 7 alumnos por aula. Para los niños de uno a dos años, el límite bajará de 13 a 12 alumnos. Además, se mantiene la reducción ya anunciada para el tramo de dos a tres años, que quedará en un máximo de 18 alumnos en los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y en las escuelas infantiles de primer ciclo gestionadas directamente por la Generalitat.
Traducido al día a día: si tienes a tu bebé en una de estas aulas, la persona educadora tendrá un niño menos a su cargo. En la práctica, eso significa más tiempo de atención individualizada en una etapa en la que cada hora de estimulación cuenta.
El choque con el Gobierno central
La propuesta autonómica llega en medio de una disputa abierta con el Ministerio de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, que está tramitando una normativa estatal para bajar ratios de manera más drástica y en sintonía con las peticiones de los principales sindicatos docentes. El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, fue directo al respecto: Las ratios que propone el ministerio de Educación pone en riesgo el 60 % de las plazas de 0 a 3 años en la Comunitat Valenciana, lo que comprometería la gratuidad universal, la conciliación familiar y laboral
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Cabo fue aún más concreto con los números: cumplir con las exigencias del Gobierno central obligaría a incrementar un 149 % los puestos escolares existentes, algo que la Conselleria considera inviable sin una memoria económica que lo respalde. Y precisamente ahí está el argumento central de Valencia: la propuesta autonómica viene acompañada de una inversión de 658 millones de euros, mientras que el proyecto ministerial, según la Generalitat, no incluye ningún estudio de financiación.
Escuelas rurales y aulas UECO, también en el foco
La propuesta va más allá de las guarderías urbanas. Desde el curso 2025-2026, los Centros Rurales Agrupados (CRA) pueden abrir una primera unidad con solo 3 alumnos, en lugar de los 5 que se exigían antes. Esta medida, discreta en apariencia, ha tenido un impacto notable: ha permitido crear 102 nuevas unidades en dos cursos académicos y generar 153 puestos docentes en zonas que de otro modo habrían perdido servicio educativo.
Por otro lado, las 12 nuevas aulas UECO, que son unidades específicas para alumnado con necesidades educativas especiales habilitadas de forma extraordinaria, tendrán una ratio máxima de 8 alumnos, sin posibilidad de incremento. Además, a partir del curso 2026-2027, cuando haya una vacante en el aula ordinaria de referencia de un alumno escolarizado en un UECO, se aplicará automáticamente la reducción de ratio. Esta medida ya aparece recogida en una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Un mapa de centros con más dificultades
La Conselleria también plantea crear una herramienta técnica para identificar los centros con mayor complejidad socioeducativa. No se trata de un etiquetado arbitrario, sino de un sistema basado en indicadores objetivos agrupados en dos bloques: uno que mide la vulnerabilidad del entorno, la llegada de alumnado fuera de plazo y el absentismo; y otro complementario que analiza la convivencia, los resultados académicos, la estabilidad del profesorado y otras circunstancias organizativas particulares. El objetivo es que los apoyos y recursos lleguen con criterio a quienes más los necesitan, algo que los docentes en zonas complicadas llevan reclamando desde hace años.
Esta clasificación permitiría, por ejemplo, que un colegio del barrio de Russafa con alta concentración de alumnado recién llegado reciba más recursos que uno de perfil socioeconómico estable, algo que hoy en día no siempre ocurre de forma sistemática. En esa línea, medidas como la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad cobra cada vez más protagonismo en las políticas valencianas.
Inversión y contexto
El conjunto de medidas se enmarca en la apuesta de la Generalitat por la gratuidad del primer ciclo de 0 a 3 años, que representa uno de los compromisos más costosos y visibles de la actual administración en materia educativa. Los 658 millones de euros comprometidos incluyen tanto la ampliación de plazas como las mejoras en las condiciones de atención.
En un momento en que la ciudad también debate cómo mejorar la calidad de vida de sus vecinos, desde el deporte accesible en los barrios hasta la dotación de servicios de proximidad, la reducción de ratios en las guarderías públicas apunta en la misma dirección: mejorar el día a día de las familias con menos recursos y más necesidades de conciliación.
La mesa de negociación con los sindicatos sigue abierta. La Conselleria se ha comprometido a continuar el diálogo con todos los agentes de la comunidad educativa, aunque la brecha con las organizaciones sindicales más cercanas a las tesis del Gobierno central todavía no parece fácil de cerrar. Lo que está claro es que las familias valencianas con bebés en guarderías públicas podrán ver, a partir del próximo curso, aulas algo más pequeñas y, en teoría, una atención algo más personalizada para sus hijos. Algo que, en los primeros meses de vida, no es un detalle menor. En esa misma línea de apuesta pública, la Generalitat también destina fondos a otras etapas del sistema educativo y deportivo valenciano.
